La historia del canon digital en España ha sido bastante complicada. En 2011, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Audiencia Nacional se posicionaban en contra del canon, que por aquella época repercutía en el precio de los consumibles y componentes (CDs, DVDs, discos duros...) independientemente de que estos fueran utilizados o no para hacer copias de material con derechos de autor.
El PP entonces improvisaba otra solución: hacer que este canon se pagase directamente desde los Presupuestos Generales del Estado, que dedicarían una cantidad determinada de dinero cada año a tal fin. El Tribunal Supremo consultaba entonces a la justicia europea si esto era legal o no y, si bien el abogado general se mostraba favorable, hoy el TJUE ha hablado y de forma muy clara: ve ilegal que se pague desde los Presupuestos tal cual está planteado ahora mismo.
El problema, según explica el Tribunal de Justicia europeo en su nota de prensa, no es que el canon se pague con los Presupuestos Generales del Estado (un modelo que usan ya otros países), sino que "el sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas". Esto, según la justicia europea, incumple la Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor.
En concreto, explican que este coste repercute tanto en las personas físicas como en las personas jurídicas, cuando tan sólo debería hacerlo en las personas físicas (que son las que "efectúan o tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines comerciales", según el Tribunal). "Estas personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen", añaden.
Los Presupuestos Generales del Estado se nutren de ambos tipos de contribuyentes, incluyendo las personas jurídicas, y por tanto el canon no podría pagarse a través de ellos. O no al menos tal cual está planteado ahora, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en España no existe "mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución".
No entran a valorar la cuantía
Cuando diversas asociaciones de gestión de derechos de autor llevaban este caso ante la justicia, lo hacían denunciando dos problemas con el nuevo sistema: que se pagase a través de los Presupuestos Generales del Estado y que la cantidad fuese un "fijo" establecido por el Gobierno. Para ellos, el cambio de modelo significó menos ingresos: de recibir 115 millones de euros en 2011 con el antiguo canon (el de los CDs y DVDs) a unos 5 millones con el actual.
Sobre la cantidad en sí, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado específicamente (posiblemente a que en parte el canon en sí ya está invalidado por lo que acabamos de explicar), aunque sí recuerda que la compensación que reciban los titulares de derechos debe ser "equitativa".
¿Y ahora qué?
El caso quedará ahora de nuevo en manos del Tribunal Supremo español, que tendrá que dictar sentencia teniendo en cuenta lo que ha dicho el TJUE. Viendo lo visto, no parece que el canon digital actual vaya a salir bien parado. Una posible solución para el Gobierno podría ser, a la vista de lo publicado por la justicia europea, encontrar la forma de que las personas jurídicas no contribuyan a la cantidad que se dedica al canon.
Imagen | Dean Hochman
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