Ayer se filtró que el Gobierno español va a crear una serie de impuestos especiales sobre las bebidas azucaradas. Cada vez con más fuerza, y por todo el mundo, científicos y activistas reivindican medidas de este tipo.
Tiene sentido, enfermedades como la obesidad o la diabetes, asociadas directamente al consumo de azúcar, suponen una de las grandes epidemias de nuestros días. Pero, a falta de conocer mañana todos los detalles, ¿son los impuestos una solución? ¿Tienen un efecto real o se trata simplemente de otra medida recaudatoria?
¿Quién está implementando estas medidas?
El gran conejillo de indias ha sido México. En 2014, introdujo un impuesto del 10% sobre todas las bebidas azucaradas para tratar de frenar lo que ya se consideraba, con buen criterio, uno de los problemas de salud pública más serios y acuciantes del país.
Los cambios que se han producido en las últimas décadas en México han sido muy sorprendentes: el 71% de la población adulta del país tiene sobrepeso u obesidad. Y, según los estudios, las bebidas azucaradas representan el 70% del azúcar añadido que consumen los mexicanos. Aproximadamente, el consumo medio estaba en 163 litros al año (para hacernos una idea, el consumo en España de todas las bebidas 'refrescantes y gaseosas' ronda los 46'7 litros).
Más tarde, países como Reino Unido en marzo de 2016 o ciudades como Filadelfia un par de meses más tarde siguieron a México poniendo en marcha este tipo de políticas.
Pero, ¿funciona?
Parece que, a corto plazo, sí. En México, durante el primer año, las ventas de bebidas azucaras cayeron un 12%. Este efecto fue mayor en los hogares con menores ingresos llegando a registrarse caídas de hasta el 17%. Y el consumo medio en 2015 era de 137 litros. Aún es pronto para tener datos de otras experiencias, pero según se rumorea las tendencias son similares.
Esto coincide con la investigación que disponíamos. Como explicaba el doctor Rojas-Rueda, en los estudios más recientes, se "estima que un incremento del 15% en los impuestos producirá una reducción del 16% en el consumo de estas bebidas, lo que se traduciría en una reducción del 1,5% en la obesidad y del 2,6% en la diabetes". E impuestos de hasta el 20% podrían lograr una reducción de hasta el 4'7% del consumo total de calorías.
¿Es suficiente?
Históricamente, las medidas fiscales se han demostrado eficaces para disminuir el consumo de productos poco saludables en la población general. Al menos un primer momento. Como política de sostenibilidad del sistema sanitario, ser capaces de disminuir un 2,6% la diabetes es una excelente noticia.
Hay voces, no obstante, que cuestionan la equidad y del impacto social de este tipo de medidas sobre la población más vulnerable. Los jóvenes, las minorías y las clases bajas son dos y tres veces más sensibles a la política de impuestos que el resto de la población. Pero también parecen más proclives al consumo de productos menos saludables. Con lo que los resultados son paradigmáticos.
Miremos el caso del tabaco y del alcohol. Aunque es cierto que los impuestos ayudan a moderar su uso general, a largo plazo no afectan a todos los nieles socioeconómicos por igual. Según la Encuesta Nacional de Salud de España, el consumo de tabaco (un producto fuertemente gravado) aumenta conforme el nivel socioeconómico baja.
Con el alcohol, al menos en el caso de los hombres, pasa exactamente lo mismo. En el caso de las mujeres no ocurre y, aunque el asunto es muy interesante, tendremos que explicarlo en otro momento. De todas formas, la tendencia suele ser esta: al final, las personas con menos formación y recursos se ven más afectadas por el consumo de sustancias poco saludables que el resto.
No cabe duda de que estas políticas benefician más las personas con menos recursos. Al fin y al cabo, la obesidad en sí misma es una enfermedad 'regresiva'. Pero, en realidad, casi cualquier otra medida que se tomara con respecto al control de azúcar en también beneficiaría más a las clases bajas. Es decir, los impuestos no son suficientes para frenar el problema. Se necesita invertir en educación, en programas de concienciación social y en comedores escolares para ahondar más aún en la raíz del problema.
¿Por qué no prohibirlas?
Vistos los datos, muchos se preguntan si lo más sensato es utilizar políticas que inciden 'regresivamente' en las clases bajas o, en su lugar, es mejor prohibirlas directamente. Es una buena pregunta sin respuestas claras y cerradas. Entre los argumentos técnicos, sobresale el hecho de que las políticas fiscales son más viables y más sencillas de poner en marcha.
En ellas se alinean los intereses sanitarios con los intereses financieros: no sólo se reducen las enfermedades derivadas, sino que se recauda más dinero para las arcas públicas. De esta forma médicos y políticos encuentran un equilibrio mutuamente satisfactorio. Algo que en el mundo en que vivimos no es poco.
Imágenes | Christian Frausto Bernal, Juhan Sonin (con modificaciones)
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